El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta procesos judiciales relacionados con trata agravada de personas, estupro, sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción. Ha sido declarado en rebeldía por la Justicia, cuenta con órdenes de captura y se encuentra en el Chapare. El Gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de haber promovido protestas y bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos. Morales niega los cargos, atribuye las movilizaciones al malestar social y denuncia “persecución política”.
En Tarija, la Fiscalía acusa a Morales de mantener una relación con una adolescente de 15 años mientras fue presidente; se investiga que sus padres habrían recibido beneficios políticos estatales a cambio. El juicio oral en esta causa, iniciado en mayo, resultó en su declaración en rebeldía por no asistir a las audiencias, y se han dispuesto restricciones patrimoniales y migratorias. La Fiscalía ha solicitado una condena de hasta 20 años por trata agravada.
Respecto a los bloqueos y desabastecimiento, el Gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza al ex presidente por la escalada de protestas violentas que paralizaron rutas estratégicas. Las autoridades indican que Morales habría promovido estas movilizaciones como presión política para influir en su situación judicial y política, enfrentando denuncias por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra servicios públicos, daños económicos al Estado y acciones para alterar el orden interno.
En cuanto a sedición y terrorismo, tras su salida del poder en noviembre de 2019, Morales fue acusado de promover acciones violentas durante la crisis posterior a las elecciones cuestionadas. El “caso audio” es uno de los expedientes conocidos, donde se investiga una supuesta coordinación de cercos y bloqueos para presionar al gobierno interino.
La investigación sobre fraude electoral está ligada a las elecciones presidenciales de 2019, anuladas por denuncias de manipulación e irregularidades en el conteo de votos, con recomendaciones de la OEA para repetir los comicios. Morales ha rechazado estas acusaciones, afirmando que su salida fue consecuencia de un “golpe de Estado”.
En materia de corrupción, Evo Morales está involucrado en escándalos como el caso Gabriela Zapata, su ex pareja y ejecutiva de empresa china, donde se investigan favores políticos y uso indebido de influencias. También hay denuncias por desvíos de recursos del Fondo Indígena y cuestionamientos sobre la protección al narcotráfico en el Chapare durante su gestión.
resumen: Evo Morales enfrenta múltiples procesos judiciales en Bolivia por cargos que incluyen trata agravada, sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción. Las acusaciones provienen tanto de investigaciones específicas como de los efectos de las protestas sociales ocurridas tras su salida del poder.