El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, liderado por Graciela Aleñá, ha manifestado su rechazo al Decreto 253/2026, una normativa del Poder Ejecutivo Nacional que modifica la gestión de la infraestructura caminera en Argentina. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, transfiere competencias a nueve jurisdicciones provinciales para el mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.
La normativa delega en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje. Esta delegación incluye la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos específicos de la red troncal nacional.
El sindicato señala que esta decisión modifica el sistema vial argentino y se opone a lo que consideran un vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo encargado de planificar y administrar bajo criterios integral, federal y solidario. El planteo sindical indica que la fragmentación de la gestión vial convierte rutas en unidades de negocio, afectando la cohesión territorial.
La conducción del sindicato también señala que la aplicación de lógica de mercado en la infraestructura pública podría generar diferencias en la calidad de los caminos entre rutas rentables e infraestructuras menos transitadas. Además, se menciona que el mantenimiento de los fondos depende del sistema SISVIAL, afectado por las políticas de déficit cero implementadas por la administración actual.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina reafirma su postura de defensa de la Dirección Nacional de Vialidad, indicando que las rutas nacionales conectan pueblos e integran economías regionales. La organización ha elevado reclamos a foros internacionales sobre la infraestructura argentina y la situación laboral de los agentes viales.
resumen: El sindicato rechaza el Decreto 253/2026 por transferir alidades provinciales la gestión de rutas nacionales, lo que consideran un vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Adicionalmente, advierten sobre las implicaciones de mercado y desfinanciación en la calidad y equidad del sistema vial argentino.