Buenos Aires, 14 junio (NA)– Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari manifestaron su intención de elaborar una agenda de trabajo para un posible proceso de diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Hasta el momento, estas organizaciones exigían la renuncia del jefe de Estado. El dirigente campesino David Mamani indicó que la propuesta será consultada con las bases para decidir entre una mesa de negociación o la continuidad de las medidas de presión. Por su parte, el secretario de la COB, Claudio Choque, planteó la necesidad de un diálogo con condiciones claras, incluyendo la consideración de resoluciones de cabildos y el cese de procesos judiciales contra manifestantes detenidos.
Bolivia registra 36 días consecutivos de bloqueos de rutas en seis de sus nueve departamentos, con afectación en los accesos a La Paz. El conflicto ha provocado desabastecimiento de alimentos, incremento de precios, dificultades en el transporte por falta de combustible y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que resultaron en heridos y daños materiales. Según estimaciones, las pérdidas económicas se sitúan entre 1.600 y 2.000 millones de dólares, afectando al transporte, la industria y el comercio.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, señaló que la necesidad de retomar actividades podría derivar en una salida a la situación. El Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la propuesta de agenda, aunque ha manifestado disposición para dialogar sobre demandas específicas, diferenciándolas de la exigencia de renuncia presidencial. Paralelamente, el Ejecutivo promovió un proyecto de ley para regular los estados de excepción y permitir intervenciones militares para el restablecimiento del orden. Asimismo, se han registrado movilizaciones ciudadanas que demandan la liberación de las rutas.
resumen: Organizaciones sociales en Bolivia plantean la posibilidad de iniciar una negociación con el Gobierno tras 36 días de bloqueos de carreteras. El conflicto ha generado pérdidas económicas estimadas en hasta 2.000 millones de dólares y afectaciones en el abastecimiento y transporte del país.