La Cámara Federal de Casación rechazó una apelación presentada por Martín Báez para suspender el decomiso de sus bienes. La defensa argumentaba que algunas propiedades fueron adquiridas antes de los hechos por los que fue condenado por lavado de activos (cometidos entre diciembre de 2010 y abril de 2013) y cuestionaba la situación procesal de su padre, Lázaro Báez.
La Sala IV del tribunal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó los argumentos. El juez Carbajo sostuvo que la condena de seis años y seis meses de prisión contra Martín Báez se encuentra firme y constituye un título ejecutivo para proceder sobre sus bienes, sueldos y otras entradas. Asimismo, señaló que el Tribunal Oral Federal 4 ya había ordenado el 25 de agosto de 2025 avanzar con la ejecución del decomiso mediante la incautación de dinero en cuentas bancarias, inmuebles y fondos de subastas.
El juez Hornos añadió que los embargos sobre ciertos inmuebles buscaban garantizar el cobro de la multa impuesta, y que las objeciones sobre la fecha de adquisición de los bienes no impedían la ejecución patrimonial. Respecto a la situación de Lázaro Báez, indicó que la unificación de sus penas no afectaba al decomiso de su hijo. El juez Borinsky votó en disidencia parcial, solicitando que el tribunal responda específicamente a los planteos sobre la fecha de compra de ciertos bienes y la falta de nexo con los hechos investigados.
En mayo de este año, Casación también habilitó la ejecución de bienes para saldar una multa de u$s 274 millones impuesta en la condena por lavado de dinero. En 2021, el TOF 4 dictó sentencias contra Lázaro Báez, Martín Báez y otros imputados por maniobras de lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, ordenando decomisos y multas. En 2023, la Cámara Federal confirmó el fallo con una reducción de las penas.
resumen: La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de Martín Báez y autorizó la ejecución del decomiso de sus bienes tras su condena por lavado de activos. El tribunal determinó que la sentencia firme permite avanzar sobre su patrimonio para cumplir con las sanciones económicas impuestas.