Buenos Aires, 2 de junio (NA) — Una ex funcionaria del Registro Civil de Pocito, en San Juan, fue condenada junto a otras cuatro personas por integrar una asociación ilícita dedicada a la emisión de documentos nacionales de identidad apócrifos para la obtención de créditos y la compra de bienes. La investigación, realizada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, determinó un perjuicio económico superior a los $142 millones.
Natalia Lorena Castillo, ex titular de la delegación Pocito del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, recibió una condena de 4 años y 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial por 4 años como miembro de la asociación ilícita. También fue condenada por tenencia ilegítima de documentación —tras el secuestro de 197 DNI auténticos en su domicilio— y por violación de los deberes de funcionaria pública debido a su intervención en 23 casos de tramitación irregular.
Rolando Javier Navarro Saide recibió una pena de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo fueron condenados a 3 años y 10 meses de cárcel. Los cinco fueron condenados por integrar una asociación ilícita en concurso con el uso de documentos adulterados, estafas e inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por un residente de Buenos Aires que detectó el uso de su identidad para trámites comerciales. La pesquisa vinculó las maniobras con la sede de Pocito, estableciendo que la organización utilizaba datos biométricos de personas para confeccionar DNI falsos y gestionar créditos para la posterior venta de bienes en el mercado informal.
resumen: Cinco personas fueron condenadas en San Juan por integrar una asociación ilícita dedicada a la emisión de documentos de identidad falsos para cometer estafas. El perjuicio económico estimado asciende a más de $142 millones.