El frente sindical universitario anticipa movilizaciones para el 12 de mayo. El Ejecutivo ha presentado un recurso ante la Corte Suprema solicitando la suspensión de la norma ratificada por un tribunal. Las universidades nacionales convocaron a esta marcha federal debido a la demora del Gobierno en aplicar la Ley de Financiamiento, constituyendo su cuarta protesta registrada durante la gestión de Javier Milei.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, han convocado a movilizarse hacia Plaza de Mayo para defender “la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. Clara Chevalier, titular de la CONADU, expresó: “Esperamos que el pueblo argentino dé una señal clara que quiere un país en el que los jóvenes de todas las clases sociales puedan ir a la universidad”. Los rectores, docentes y estudiantes exigen la aplicación efectiva de la ley aprobada por el Congreso.
Por su parte, el Gobierno ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la ley, lo cual implica no avanzar con mejoras salariales, recomposición de becas y mantenimiento de partidas para programas de investigación, según ordenado por dos fallos judiciales. Desde la Casa Rosada argumentan que la ley no especifica las fuentes de financiamiento ni las partidas necesarias, advirtiendo que su cumplimiento podría afectar el equilibrio fiscal. El documento de la Procuración del Tesoro indica que su aplicación requeriría reasignar más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios, lo que implicaría riesgo en funciones estatales esenciales.
El sistema universitario refuta este argumento. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, indicó que “la ley solo representa el 0,23% del PBI, algo ínfimo para la Argentina”. Clara Chevalier, titular de CONADU, advirtió: “El sistema universitario no puede sobrevivir ante las condiciones de asfixia presupuestaria en la que estamos”. El Consejo Interuniversitario Nacional informó que las transferencias a las casas de estudios disminuyeron un 45,6% desde 2023. Además, el 93% de la partida presupuestaria para el sistema universitario está destinado exclusivamente a los salarios. Respecto a la situación salarial docente, CONADU señala una pérdida de poder adquisitivo “inédita”, estimando un deterioro del 50%.
Los sindicatos universitarios indican que la implementación de la ley permitiría actualizar partidas para el pago de salarios docentes y becas estudiantiles. Los rectores señalaron: “Aun con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”. Ante este contexto, la comunidad universitaria se movilizará el 12 de mayo. El presidente de la FUA afirmó: “Les pedimos que escuchen, no a nosotros como organización gremial, sino a los estudiantes de la Argentina. La soberbia fracasó: hay que cuidar lo que funciona”. El CIN complementó: “Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que alumbran el desarrollo. Es de las cosas que funcionan bien en la Argentina y defenderla es también un compromiso de todas y todos”.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024, generando tres movilizaciones federales (la primera fue en abril de ese año). El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley tras el rechazo de los vetos presidenciales por parte del Congreso. Sin embargo, su ejecución está suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento e incorporen las partidas al Presupuesto. Esta situación ha intensificado el conflicto universitario en cuanto a su implementación efectiva.
En materia judicial, un fallo de primera instancia y su confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos clave de la ley relativos a la recomposición salarial y al financiamiento; el Estado apeló estas decisiones y el caso sigue en discusión. Adicionalmente, el oficialismo presentó un proyecto al Congreso que modifica la ley vigente, el cual no incluye una recomposición por los años 2024 y 2025. Para 2026, se establece que solo habrá actualización presupuestaria si la inflación anual supera el 14,3% (IPC), lo que significaría una actualización real para gastos de funcionamiento en ese escenario.
resumen: Las universidades nacionales convocaron a movilizarse el 12 de mayo debido a la demora del Gobierno en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Ejecutivo apela judicialmente la norma y sus implicancias presupuestarias. El conflicto se centra en la aplicación efectiva de la ley, las cifras de disminución de transferencias y los requerimientos salariales y de becas.